Análisis del Fallo: Causa Rol 18449-2025
Este fallo, dictado por la Segunda Sala de la Corte Suprema con fecha 6 de junio de 2025, reviste una notable importancia al consolidar un criterio de control sustantivo sobre las decisiones del Servicio Nacional de Migraciones, yendo más allá de una mera revisión de la legalidad formal del acto administrativo.
Hechos y Problema Jurídico
El caso se origina por el rechazo de una solicitud de residencia temporal y la consecuente orden de abandono del país dictada en contra de un ciudadano extranjero. La decisión administrativa se fundamentó en la falta de presentación de cierta documentación requerida por la normativa. El problema jurídico sometido al conocimiento de la Corte consistió en determinar si dicha decisión, aunque formalmente ajustada a la potestad de la autoridad migratoria, resultaba desproporcionada y, por tanto, arbitraria, al no ponderar adecuadamente las circunstancias particulares del afectado, especialmente su arraigo familiar en Chile.
Razonamiento de la Corte Suprema
El máximo tribunal acoge el recurso de amparo, anulando la resolución del Servicio Nacional de Migraciones. El núcleo del razonamiento se centra en la aplicación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad como límites a la discrecionalidad administrativa. La Corte establece que la autoridad migratoria no puede limitarse a una constatación mecánica del cumplimiento de requisitos formales, sobre todo cuando existen dificultades objetivas para la obtención de la documentación. Se mandata al Servicio a realizar una ponderación integral de los antecedentes, incluyendo de manera preponderante el arraigo social y familiar del solicitante.
Decisión y Efectos
La Corte ordena retrotraer el procedimiento administrativo, instruyendo al Servicio a otorgar un nuevo plazo al amparado para acompañar la documentación pendiente y a resolver la solicitud considerando todos los antecedentes, incluido su arraigo.
Novedad e Impacto Jurídico
La relevancia de este fallo (Amparo Acogido sobre Rechazo Residencia Desproporcionado) radica en que refuerza una línea jurisprudencial que humaniza el derecho migratorio, exigiendo a la administración un rol activo en la facilitación de la regularización, en línea con el espíritu de la Ley N° 21.325. Se transita desde un control de mera legalidad a un control de mérito o sustantivo del acto administrativo, donde la proporcionalidad y la consideración del interés superior de la familia se erigen como criterios decisorios.