Contraloría - Dictamen N° 11461 2006

La Contraloría dictamina que funcionarios de la PDI no pueden ejercer como peritos particulares para defensas en procesos penales, pues dicha actividad invade su ámbito funcional y vulnera el principio de probidad administrativa.

• El principio de probidad administrativa, consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política y en la Ley N° 18.575, exige a los funcionarios públicos un estricto cumplimiento en todas sus actuaciones, debiendo evitar que sus prerrogativas, esferas de influencia o posición privilegiada se proyecten en su actividad particular.
• La libertad para ejercer una profesión, industria, comercio u oficio (artículo 56, inciso 1°, de la Ley N° 18.575) está limitada por la obligación de evitar la perturbación del fiel y oportuno cumplimiento de los deberes funcionarios y por las prohibiciones o limitaciones legales.
• El inciso segundo del artículo 56 de la Ley N° 18.575 prescribe la incompatibilidad con el ejercicio de la función pública de las actividades particulares que se refieran a materia...