Contraloría - Dictamen N° 3031 2012

Dictamen concluye que el beneficio de libertad vigilada de la Ley 18.216 no elimina la inhabilidad específica para ejercer docencia derivada de condenas por delitos sexuales, primando la idoneidad moral profesional.

• Un profesional de la educación fue condenado por delito de abuso sexual, recibiendo pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo y accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos.
• Al condenado se le concedió el beneficio de libertad vigilada bajo la Ley N° 18.216, alternativa a la pena privativa de libertad, lo que usualmente implica la omisión o eliminación de antecedentes penales.
• El profesional fue suspendido del ejercicio de su empleo docente por cinco años, dado que la condena le afectaba la prohibición de ejercer labores.
• La Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, establece inhabilidades para el ingreso a cargos públicos para personas c...