Contraloría - Dictamen N° 493 2014

Este dictamen de la Contraloría General establece que los contratados a honorarios no son funcionarios públicos, sino servidores estatales sujetos a los principios de probidad y a penas accesorias, según la Ley 18.575.

• Los contratados a honorarios no tienen la calidad de funcionarios públicos, sino que constituyen una modalidad de prestación de servicios particulares a la Administración, rigiéndose por las reglas de su convenio y no por la preceptiva estatutaria de los empleados públicos.
• Quienes se desempeñan bajo la modalidad de honorarios son considerados servidores estatales, en virtud del acuerdo suscrito con un organismo público.
• A pesar de no ostentar la calidad de funcionarios públicos, a los contratados a honorarios se les aplican las normas de derecho público.
• Los principios jurídicos de probidad, resguardados por el Título III de la Ley N° 18.575, deben ser observados por todos quienes ejercen alguna función pública, sin distinción de la calidad en que se sirven los empleos, lo que inc...