Contraloría - Dictamen N° 14868 2017

La Contraloría General determina que la identidad del denunciante de irregularidades administrativas debe mantenerse reservada para proteger el derecho de petición y asegurar el debido cumplimiento de las funciones públicas, conforme a la Ley de Transparencia.

• El ejercicio del derecho de petición, consagrado en el artículo 19, N° 14 de la Constitución Política, faculta a las personas para interponer denuncias ante la Contraloría General sobre presuntas irregularidades en la función pública, criterio aplicado en el dictamen N° 17.737 de 2012.
• La Contraloría General ejerce control de legalidad sobre los actos de la Administración del Estado, incluyendo servicios públicos como la Superintendencia de Educación, conforme al artículo 98 de la Constitución Política y el artículo 6º de la Ley N° 10.336.
• La publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, establecida en el artículo 8º, inciso segundo de la Constitución Política, solo puede ser restringida por ley de quórum calificado, a fin de proteger el debido cumplimiento de las...