Suprema - Rol N° 8474-2010

La Corte Suprema ratifica la inadmisibilidad de un recurso de protección interpuesto por un funcionario público, al no acreditarse la existencia de un acto ilegal o arbitrario que vulnere garantías constitucionales, ni la efectiva separación de sus funciones.

• Nombre, funcionario público con contrato, interpuso un recurso de protección alegando persecución política, acoso y un despido ilegal inminente debido a su tendencia política.
• El recurrente señaló que la falta de fundamentos de hecho y derecho para el término de sus funciones constituía un acto ilegal y arbitrario, vulnerando el principio de juridicidad y normas de motivación de actos administrativos.
• Se alegó la vulneración de garantías constitucionales, incluyendo el derecho a la vida e integridad física y psíquica (Art. 19 N°1), igualdad (Art. 19 N°2), libertad de trabajo (Art. 19 N°16) y propiedad sobre su cargo (Art. 19 N°24).
• El recurrente, de 62 años y exonerado político, afirmó que la supuesta desvinculación ilegal le causaría un grave daño patrimonial, afectando s...