Suprema - Rol N° 8729-2019

La Corte Suprema confirma la sentencia que rechazó un recurso de protección contra el Ministerio de Educación por no renovar una contrata, al no configurarse la confianza legítima y existir justificación en reorganización administrativa.

• El Recurso de Protección se configura como una acción cautelar destinada a amparar el ejercicio legítimo de garantías constitucionales frente a actos u omisiones arbitrarias o ilegales.
• Los cargos a contrata en la administración pública se caracterizan por su naturaleza transitoria, culminando su duración máxima legalmente el 31 de diciembre de cada año por el solo ministerio de la ley, salvo prórroga expresa.
• El principio de confianza legítima, que genera una expectativa de renovación de la contrata, se configura cuando se han producido renovaciones sucesivas que exceden los dos años.
• Las decisiones de no renovar o desvincular a un funcionario a contrata deben fundamentarse en un acto administrativo que exprese el razonamiento y los hechos y fundamentos de derecho en que se susten...