Suprema - Rol N° 29803-2019

La Corte Suprema confirma sentencia, señalando que un acto administrativo intermedio, no concluido, carece de aptitud para vulnerar garantías constitucionales y, por ende, no procede recurso de protección.

• El comportamiento objetado, al ser parte de un procedimiento administrativo aún no concluido, se configura como un acto intermedio o de trámite.
• Los actos intermedios o de trámite, en cuanto a su finalidad, apuntan a que se pueda realizar el acto final de cumplimiento o término del proceso.
• Un acto intermedio de un procedimiento administrativo no concluido carece de la aptitud necesaria para conculcar cualquier garantía constitucional.
• Por su naturaleza, los actos intermedios no pueden generar efectos que afecten garantías constitucionales por sí mismos.
• El recurso de protección exige la concurrencia del presupuesto favorable consistente en que el acto denunciado tenga la aptitud de privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de derechos y garantías constitucionales.
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