Suprema - Rol N° 19619-2024

La Corte Suprema rechazó un recurso de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones por la demora en tramitar una solicitud de nacionalización, concluyendo que la dilación no constituye arbitrariedad si la nueva ley migratoria (Ley 21.325) y la vigencia de la cédula de identidad lo permiten.

• La acción constitucional de protección procede ante un acto arbitrario o ilegal que amenace, prive o perturbe un derecho protegido por la Carta Fundamental. Para su procedencia, es indispensable la existencia de un derecho cierto y determinado, así como un actuar arbitrario del recurrido que amague y vulnere dicho derecho. La ausencia de un perjuicio o amenaza impide la configuración de los presupuestos para adoptar medidas urgentes de cautela.
• El recurrente fundamentó su acción en que la omisión del Servicio Nacional de Migraciones en pronunciarse sobre su solicitud de nacionalización le afectaba sus derechos a la vida e integridad física y psíquica, manteniéndole en un estado de angustia y desesperación al no poder ejercer derechos constitucionales, habiendo transcurrido el plazo del...