Suprema - Rol 13567-2025

Santiago, trece de mayo de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada.

Y teniendo, además, presente:

1° Que el recurrente, Nombre, ex funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, recurre de protección en contra del Jefe Nacional de Bienestar de la Policía de Investigaciones de Chile, Nombre, por estimar que éste ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario al no dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Ley N° 249, que establece el pago de gratificaciones especiales imponibles por zona, desde la fecha de su nombramiento en la PDI, esto es, desde el 16 de mayo de 1988 y hasta el 31 de diciembre de 2019, fecha en que fue ascendido a un cargo que no da derecho a dicho beneficio, pese a haber prestado servicios en las zonas indicadas en el artículo 1° del citado cuerpo legal.

2° Que, como se señaló en el motivo segundo de la sentencia apelada, el recurrido informó que, en el caso del actor, la controversia planteada requiere de un proceso de lato conocimiento, atendido que debe determinarse, en primer término, la procedencia del derecho reclamado y, en segundo lugar, la eventual prescripción que podría afectar a las acciones deducidas.

3° Que, en este sentido, resulta evidente que la acción de protección no es la vía idónea para resolver la controversia planteada, toda vez que requiere de un proceso declarativo que determine la procedencia del derecho reclamado y la eventual prescripción que podría afectarle.

4° Que, por lo demás, el recurrente no ha acreditado que el recurrido haya incurrido en un acto ilegal o arbitrario, toda vez que la negativa a pagar la gratificación reclamada se funda en la necesidad de determinar, en un proceso de lato conocimiento, la procedencia del derecho y la eventual prescripción de las acciones deducidas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se confirma la sentencia apelada de veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Regístrese y devuélvase.

Redactada por la Ministra Apellido Apellido.

Rol N° 138.945-2023.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Nombre, Nombre, Nombre, Nombre y la Abogada Integrante Nombre.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a trece de mayo de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

• Datos básicos del caso: Recurso de protección Rol N.º 13.567-2025 de la Corte Suprema, interpuesto en favor de don Nombre, exfuncionario de la PDI, contra la omisión del pago íntegro de la gratificación de zona. El recurrente alega que se excluyó indebidamente de la base de cálculo la "asignación de especialidad al grado efectivo".

• Antecedentes procesales relevantes: El caso se origina en la Corte de Apelaciones de Coyhaique. La Corte Suprema ha conocido asuntos similares en los roles N.º 60.206-2024, 47.325-2024, 217.333-2023, 210.324-2023, 147.509-2023, 147.027-2023 y 104.917-2023.

• Hechos establecidos: El recurrente reclama el pago retroactivo de la gratificación de zona desde una fecha anterior a abril de 2021. La PDI modificó el cálculo de la gratificación de zona en noviembre de 2022, incluyendo la asignación de especialidad al grado efectivo y pagando retroactivamente desde abril de 2021, tras el dictamen N.º E98928 de la Contraloría General de la República.

• Cuestiones jurídicas sometidas al conocimiento de la Corte: Determinar si la omisión del pago íntegro de la gratificación de zona, al excluir la asignación de especialidad al grado efectivo de la base de cálculo antes de abril de 2021, es un acto ilegal o arbitrario que vulnera los derechos del recur...