Suprema - Rol 20540-2025

Las consecuencias jurídicas del delito", Edit. Jdca., 2013, p.17.) para definir el concepto de "pena".

• Normativa Internacional y Nacional: Se citan, a vía ejemplar, el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 19 N° 3 inciso 8° de la Constitución Política de la República y el artículo 18 del Código Penal como normas que recogen el principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable.

VI. RAZONAMIENTO CLAVE DE LA CORTE SUPREMA

• Análisis de Admisibilidad del Recurso: La sentencia no se pronuncia explícitamente sobre la admisibilidad, al reproducir el "expositivo" pero eliminar los fundamentos de rechazo de la sentencia en alzada, implica que el recurso fue admitido a tramitación por la Corte de Apelaciones y que la Corte Suprema entra a conocer su fondo vía apelación.
• Fijación de la Doctrina Correcta: La Corte Suprema establece que la pena con que un delito debe ser castigado debe estar fijada por ley anterior a la perpetración del hecho. Este principio de irretroactividad tiene una única excepción en materia penal: cuando la ley posterior es más favorable al responsable. Citando fuentes normativas (CADH, CPR, CP), la Corte reafirma este postulado fundamental.
• Contraste con la Sentencia Impugnada: Al revocar la sentencia de la Corte de Apelaciones que había rechazado el amparo, la Corte Suprema implícitamente considera que dicho tribunal erró al no aplicar correctamente el principio de irretroactividad. El error consistió en validar o no corregir la actuación de Gendarmería que aplicó la Ley N° 21.483, más desfavorable, a un delito cometido antes de su vigencia.
• Principios Jurídicos Aplicados: Principio de Irretroactividad de la Ley Penal (en su vertiente de prohibición de retroactividad desfavorable), Principio de Legalidad (nullum crimen nulla poena sine lege praevia), Derecho al Debido Proceso, Protección de la Libertad Personal.

VII. DECISIÓN Y EFECTOS

• Decisión sobre el Recurso: Se revoca la sentencia apelada (de la Corte de Apelaciones) y, en su lugar, se acoge la acción de amparo incoada.
• Efectos de la Decisión: Al acogerse el amparo, se ordena a Gendarmería de Chile que proceda al cálculo del tiempo mínimo de postulación para los beneficios de salida y libertad condicional del amparado, conforme a la ley vigente al acaecimiento de los hechos por los cuales cumple condena (es decir, el DL 321 en su redacción anterior a la Ley N° 21.483).
• Contenido de la Sentencia de Reemplazo: No aplica, ya que la Corte Suprema resuelve directamente el amparo.
• Costas: La sentencia no contiene pronunciamiento sobre las costas del recurso.

VIII. VOTOS DISIDENTES, CONCURRENTES Y PREVENCIONES

• La sentencia no registra votos disidentes, concurrentes o prevenciones. Se presume que la decisión fue unánime entre los ministros firmantes: Leopoldo Llanos Sagrista, María Letelier Ramírez, María Gajardo Harboe, Carlos Urquieta Salazar, Eduardo Gandulfo Ramírez.

IX. DISPOSICIONES LEGALES DETERMINANTES

• Decreto Ley N° 321 (en su redacción anterior a la Ley N° 21.483)
• Ley N° 21.483
• Artículo 6° de la Constitución Política de la República
• Artículo 7° de la Constitución Política de la República
• Artículo 19 N° 3, inciso 8° de la Constitución Política de la República
• Artículo 18 del Código Penal
• Artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos

X. OBSERVACIONES FINALES

• La sentencia aplica de manera directa y clara el principio fundamental de la irretroactividad de la ley penal desfavorable, consagrado constitucional y legalmente, en el ámbito de la ejecución de la pena y el acceso a beneficios penitenciarios. Consolida la jurisprudencia en cuanto a que las modificaciones legales que endurecen los requisitos para obtener la libertad condicional o beneficios de salida no pueden aplicarse a delitos cometidos con anterioridad a su entrada en vigencia, respetando así la garantía del condenado a ser juzgado y que las consecuencias de su delito se rijan por la ley vigente al momento de la comisión del hecho más favorable.
• El fallo corrige la actuación de Gendarmería y la decisión de la Corte de Apelaciones que no observaron este principio esencial del derecho penal.
• No se aprecian ambigüedades o contradicciones en el razonamiento.